El Gobierno obvia la subida de precios en la aprobación del plan contra el tabaco
SOCIEDAD
El Ministerio de Sanidad da por hecho que se ampliarán los espacios sin humo y promete reformas legales en esta legislatura. La Asociación Española contra el Cáncer reclama de Hacienda medidas fiscales
30 abr 2024 . Actualizado a las 21:20 h.El Consejo de Ministros aprobó este martes el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 con «la idea de evitar que los jóvenes empiecen a fumar, para ayudar a los fumadores que quieran abandonar el hábito y para cuidar el aire que todos y todas respiramos», tal como destaca el Ministerio de Sanidad. El departamento que encabeza Mónica García se compromete también a cambiar las leyes —que es donde se espera el verdadero impacto— antes de acabe la presente legislatura. Concretamente, asegura que «gran parte de las medidas» se materializarán con la modificación de Ley 28/2005 y el Real Decreto 579/2017, que son los que regulan lo fundamental de lo que tienen que ver con el consumo de tabaco en España.
El sentido en el que van a ir esos cambios es todavía una incógnita, aunque lo que más llama la atención es que ni siquiera se mencione la subida de precios, que formaba parte del plan presentado a las comunidades. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) no lo ha pasado por alto y ya se ha dirigido al Ministerio de Hacienda, de quien depende subir o no los impuestos, para recalcar la importancia de las medidas fiscales. «España aún tiene margen para alinearse con las políticas fiscales europeas en materia de tabaco, donde los impuestos más elevados han demostrado ser efectivos para reducir las tasas de consumo, especialmente entre los jóvenes», recalca la entidad.
El ministerio presenta el plan como el «fruto de un trabajo coordinado con la participación técnica de todas las comunidades, con el mayor de los consensos sociales y con el respaldo de las sociedades científicas». Pero lo cierto es que los gobiernos autonómicos del PP, incluido el gallego, por cálculo político o por lo que fuese, no recibieron el documento con tanto entusiasmo. De hecho hay medidas que algunos rechazan, como la prohibición de fumar en las terrazas, que todo apunta a que va a ser uno de los principales caballos de batalla. Sanidad da por hecho que va a «aumentar los espacios libres de humo para proteger el derecho a respirar», porque «cuanto más espacio libre de humo, menos espacio a las enfermedades asociadas al tabaquismo. Pero habrá que ver con qué apoyos cuenta cuando haya que sumar los votos necesarios en el Parlamento.
El resto de las medidas, en principio, debería ofrecer menos resistencia. La equiparación de los cigarrillos electrónicos y los productos relacionados con el tabaco tradicional es algo en el que, salvo las tabaqueras y algún grupo minoritario que defiende su uso terapéutico, está todo el mundo de acuerdo. Impulsar la investigación es un objetivo al que nadie va a decir que no, como el de colaborar con las entidades locales para «impulsar el desarrollo de ordenanzas municipales de prohibición de arrojar colillas en vías públicas y espacios naturales». Otra cosa será someter eso a un control efectivo. Y lo de incorporar a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud aquellos medicamentos que «son adecuados para el tratamiento de la adicción al tabaco» se da por sentado. Donde pueden aparecer fricciones es cuándo haya que ver quién los paga.